lunes, 3 de agosto de 2009

Y LUEGO....LO ASESINARON

Jorge Kristian Bernal Moreno
Sancionar al PVEM
30 de julio de 2009

Hace unos días se dio a conocer que el Partido Verde Ecologista de México es la organización política que más sanciones económicas ha recibido por parte del Instituto Federal Electoral de febrero de 2008 a la fecha. Nada nuevo si consideramos el desafiante perfil y la cuestionable ética que ese instituto político mostró durante el proceso electoral que está por concluir.
Lo que llama la atención es que, según el propio IFE, el monto total de estas multas asciende a poco más de 15 millones de pesos. Desde luego que dentro de esta cantidad no están contemplados los 20 millones que el Tribunal Electoral condonó a principios de mayo por la transmisión de los spots de sus legisladores durante el periodo de intercampañas. Tampoco aparecen en esta relación las dos multas más recientes que recibió esa agrupación a causa de la insistente difusión de propaganda política a través de spots de las revistas Cambio y TV y Novelas, cuyo monto total asciende a 5.1 millones de pesos. La causa es que dicho estudio sólo contempla las sanciones que hasta este momento han quedado firmes, es decir, aquellas que no fueron impugnadas o que, habiéndolo sido, el Tribunal Electoral confirmó.

De cualquier manera, para dimensionar estas cifras vale la pena traer a cuenta la cantidad de dinero que el Partido Verde Ecologista recibió en los últimos dos años: algo así como 530 millones de pesos, provenientes del erario público para financiar sus actividades ordinarias, específicas y gastos de campaña.

De acuerdo con las cifras oficiales disponibles, la “inversión” de estos recursos le permitió a esa fuerza política obtener 2 millones 328 mil 72 votos, equivalentes a 6.71% de la votación nacional, con lo que aumentó su representación en la Cámara de Diputados (y sus prerrogativas para el próximo trienio), pasando de 17 representantes que tuvo en la 60 Legislatura a 22 asientos que controlará a partir del 1 de septiembre de este año.

Lo anterior nos debe llevar a reflexionar sobre la eficacia del régimen de sanciones que nuestro sistema electoral prescribe, dado que, para decirlo con el consejero Alfredo Figueroa, “parece que hoy en día es más rentable violar la ley que acatarla”.

Cesare Beccaria, uno de los grandes reformadores del derecho penal, decía que el fin de las penas “no es otro que impedir al reo causar nuevos daños y disuadir a los demás de la comisión de otros tantos”, lo que evidentemente en nuestro país no sucede.

No hay duda de que el procedimiento especial sancionador (la novedad punitiva de la reforma electoral más reciente) le inyectó altas dosis de equidad a la contienda gracias a la rapidez con la que se tramita y a la posibilidad de que a través de él se retire la propaganda ilegal. Aunque también hay que reconocer que estuvo lejos de lograr que sus sentencias persuadieran a los sujetos regulados.

Un problema adicional fue el que la autoridad administrativa enfrentó para actualizar la figura de la reincidencia a partir de que, en febrero de este año, el Tribunal Electoral estableció los requisitos para ello: a) que la infracción se haya dado durante el mismo proceso electoral; b) que se afecte el mismo bien jurídico tutelado; y c) que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor tenga el carácter de firme.

Como se puede apreciar, la rigidez de la jurisprudencia y los tiempos en los que los magistrados suelen resolver (aun cuando en materia electoral son mucho menores que en cualquier otra rama de la justicia) hacen que en el transcurso de una contienda sea prácticamente imposible condenar al mismo sujeto por conductas similares y, en consecuencia, potenciar la sanción que le corresponde a un infractor contumaz.

En la reforma que viene este tema no puede quedar ausente. El régimen sancionador electoral debe transitar a un esquema que indefectiblemente conduzca al partido político a la pérdida de su registro, si éste se empeña en hacer de la ilegalidad un modus para cumplir sus objetivos. Debemos erradicar la ecuación del costo-beneficio, tan arraigada en el ámbito mercantil como lejana del interés público.

Analista
Lamentablemente es cierto. Lo se de primera mano. Que lástima que alguien tan joven haya fallecido a manos de unos delincuentes que no valen absolutamente nada y sí priven a la sociedad de gente valiosa como lo era el Dr. Bernal. DESCANSE EN PAZ!! DOCTOR

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