Hagamos un poco de historia. La autogestión, en Aragón, durante la Revolución española, duró demasiado poco y por eso no pudo demostrar otra cosa que la posibilidad de extender al máximo la democracia de los productores-consumidores-ciudadanos. La autogestión yugoslava lo fue a medias, por su origen y su desarrollo. En efecto, por un lado, fue organizada desde el poder central por Edouard Kardelj después de un primer intento de imitar el modelo económico burocrático centralizado del estalinismo que se interrumpió cuando Stalin expulsó del Cominform y quiso borrar del mapa a Tito y su partido –hasta entonces ejemplos de estalinismo– que buscaban crear una federación socialista balcánica escapando al control total que pretendía imponer Moscú a los gobiernos y partidos comunistas. Por otro, fue una autogestión deformada desde su origen mismo por la dependencia del partido (la Liga de los Comunistas Yugoslavos) y por el nacionalismo y el federalismo burocrático y a la vez localista de las distintas repúblicas, que llevó al estallido de la Federación yugoslava.
Las empresas en la autogestión yugoslava podían elegir sus directores, pero teniendo en cuenta las sugerencias del partido y sólo con la venia de éste, y podían decidir sus planes de producción y de inversión, su tecnología, los salarios, pero el Estado controlaba los insumos, y la producción y la comercialización estaban fijados por el mercado, con el control caro y redundante de las distintas repúblicas federales. El justo principio de la federación estaba deformado por la existencia de un partido único burocratizado por el nacionalismo puntilloso de cada república e igual cosa sucedía con el principio justo de la autogestión. En cuanto a la autogestión en la Argelia independiente dirigida por Ahmed Ben Bella, duró poquísimo y fue asfixiada por el control del aparato del Estado sobre las empresas agrícolas que intentaron desarrollarlo sin contar con apoyo técnico ni créditos. Las experiencias posteriores, en la fábrica de relojes Lipp, así como recientemente en Philips, en Drouet, Francia –o las fábricas recuperadas en Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela–, han sido o son más que experiencias de autogestión, ejemplos de control obrero en empresas de propiedad capitalista o con propiedad en disputa. En efecto, excepto por la organización del trabajo y la fijación de los salarios, funcionan como antes porque obtienen sus insumos de todo tipo en el mercado capitalista, venden los mismos productos que vendía el antiguo patrón en el mismo mercado y dependen de la obtención de un estatus particular que les otorga el aparato estatal (expropiación por causa de utilidad pública, comodato, organización como cooperativas para no pagar impuestos o, como en el caso del proyecto de ley argentino en discusión, de una protección especial mediante créditos muy baratos y aportes técnicos).
En Cuba, hoy el gobierno se ve obligado por la crisis mundial a hacer continuas concesiones al mercado capitalista y encara ahora el desarrollo de la agricultura y de los productos para la alimentación sobre la base de una miriada de pequeños agricultores privados. Al mismo tiempo, trata de reparar con un retraso de 50 años el error cometido al haber estatizado junto con los ingenios y empresas imperialistas todo el pequeño comercio y decenas de miles de empresas artesanales. Y ante la necesidad de dar trabajo al millón de trabajadores que califica de excedentes, aparentemente, según sugieren los artículos nostálgicos de Juventud Rebelde sobre las fondas habaneras, está encarando la posibilidad de permitir y apoyar la creación de cafés, casas de comida, heladerías, zapaterías y otros trabajos privados por cuenta propia, controlándolos mediante impuestos. De este modo el sector de las empresas estatales debería convivir y competir por los recursos en el mercado capitalista con un vastísimo sector de pequeños productores agrarios y otro igualmente enorme insertado en los intersticios del mercado. De hecho, ya existe un sector de la sociedad que no trabaja con la moneda nacional y está ligado al dólar y, puesto que la economía ya está desquiciada y los controles estatales no son ni efectivos ni eficaces, una nueva política económica más apegada a la realidad social no aumentaría mucho los peligros –grandes– que ya enfrenta Cuba y podría eliminar algunos.
A condición, sin embargo, de realizar economías de escala y de elevar la productividad mediante cooperativas de compra, de comercialización, de preparación técnica, de crédito con los cuentapropistas. Y sobre todo de poner en marcha la autogestión generalizada que permita que los productores-consumidores conozcan y reorganicen los recursos en el territorio, reduciendo la burocracia y elevando la responsabilidad colectiva y la moral de trabajo, así como el índice de participación y de democracia en el país.
La autogestión, lejos de ser un posible lujo de los países ricos, puede ser una formidable fuerza productiva multiplicadora, ya que pone en marcha la creatividad y el sentimiento de responsabilidad de quienes sienten que deciden en su vida cotidiana y aportan a todos, con todos. En un mercado capitalista y en la escasez que acentúa los problemas sociales, crea además lazos solidarios y conciencia colectiva, indispensables para contrarrestar la tendencia al primero yo y al hedonismo que introduce el capitalismo y la corrupción de la burocracia. Ésta, por supuesto, se opondrá a la autogestión, que le quita protagonismo y privilegios y la controla. Precisamente por eso, si se quiere mejorar la producción y, al mismo tiempo, preservar la democracia, hay que darle espacio a la autogestión y espacio al partido que impulsa el socialismo frente al partido del conservadurismo.
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