domingo, 17 de julio de 2011

Costa Azul, Ensenada, B.C. Posesión extraterritorial de Estados Unidos de América.


Enrique Pelayo Torres es el Presidente del H. Ayuntamiento de Ensenada Baja California, lo es simplemente porque ganó las elecciones en julio del 2010 -con una amplia ventaja sobre su más cercano contendiente del PAN- después de muchos años de hegemonía panista en el puerto.
Pelayo es un empresario ensenadense, relacionado con la agricultura y es propietario de una farmacia del puerto, miembro de una familia de abogados, deportistas, médicos y personas admiradas, respetadas y queridas, tanto en Ensenada como en todo el estado y más allá, pues como con todos los mexicanos, parte de su familia es norteamericana.

Cuando asumió la responsabilidad como alcalde del puerto se encontró con que la empresa mexicana “Energía Costa Azul” que se había instalado en el municipio de Ensenada, no había cumplido con las disposiciones legales del municipio en materia de impacto ambiental, pues carece de certificación alguna del Ayuntamiento de Ensenada para construir el consorcio industrial regasificador en el corazón de la ruta turística-ecológica ubicada en la costa entre Tijuana y Ensenada.
Hay que recordar que esta empresa, subsidiaria de la empresa norteamericana Sempra Energy, se estableció en México porque las leyes de California le impedían establecerse en ese estado, por el repudio norteamericano a este tipo de industrias altamente contaminantes, por ello y siempre con el apoyo del Gobernador Eugenio Elorduy Walter -su hija Erika Elorduy Blakaller fue la primera directora general de esa empresa- se estableció en Baja California, pero lo hizo al amparo de las leyes mexicanas y no como una empresa extraterritorial. De hecho el Secretario General de Gobierno del Estado Bernardo Martínez es el actual apoderado legal de la regasificadora y para que esta no tuviera la competencia de Marathon Oil, otra empresa regasificadora norteamericana, el gobierno del Estado expropió miles de hectáreas para evitar que Marathon pudiera comprar terrenos en esa misma zona y competir contra Sempra, eso le costó a Baja California cientos de miles de millones de pesos, finalmente cuando Marathon Oil se retiró, se revertieron los decretos expropiatorios, los propietarios recuperaron sus terrenos y los miles de millones de pesos todavía no se sabe donde quedaron.
Pero toda esa historia de corrupción, prepotencia y descaro, fue ajena al alcalde de Ensenada Enrique Pelayo Torres que encontró a Energía Costa Azul, como un causante moroso más, por lo que decidió proceder en los términos de la ley y requerir a la empresa “Energía Costa Azul” a que exhibiera los certificados de impacto ecológico municipales, así como los recibos de pago de los derechos y de los impuestos prediales adeudados, a fin de cuentas todos los ensenadenses acatan esas leyes y pagan impuestos, “no hay razón para que Energía Costa Azul no lo haga” –razonó el alcalde.
Al requerir, Energía Costa Azul pidió la intervención del gobierno federal aduciendo que los actos del municipio violentaban las buenas relaciones entre México y Estados Unidos y que la empresa no estaba dispuesta a pagar impuestos en México “pues no es mexicana” de inmediato el gobierno federal respondió enviando una división blindada de nuestro H Heroico Ejército Mexicano para resguardar las instalaciones de la regasificadora extranjera e impedir el paso de los funcionarios municipales, ante lo cual, el ayuntamiento debió guardar los requerimientos legales.
Así quedaron las cos,as hasta que en este mes de julio el Cónsul de Estados Unidos en Tijuana, le informó a Enrique Pelayo Torres que su Visa estaba “congelada” por su actitud contra Sempra Energy, le recriminó por su conducta, ante lo cual Enrique Pelayo objetó diciendo que no era función del Cónsul tratar ese asunto, que compete a los ensenadenses y a los mexicanos, pues Energía Costa Azul es una empresa mexicana que se rige en México por las leyes mexicanas y debe acatar las disposiciones mexicanas, incluyendo las del Ayuntamiento de Ensenada por encontrarse radicada en su territorio.
El alcalde no se guardó la humillación, valientemente la hizo del conocimiento de los medios de comunicación pero los hechos han sido ignorados por nuestros medios de comunicación nacional, pero afortunadamente el San Diego Union Tribune, que es un diario independiente de San Diego California, si difundió la noticia.
El asunto sin embargo debe motivar varias reflexiones, la primera es que el PAN y el gobierno federal han insistido en reformas constitucionales a efecto de que se permita la inversión directa de capital extranjero en el sector energético, para constituir empresas al amparo de las leyes mexicanas. Esto es algo que hasta antes de estos hechos, en lo personal consideraba correcto y hasta necesario, pues debe invertirse en ese sector y creía que ya había pasado la época en que Estados Unidos de América aplicaba una política intervencionista contra México; Nunca me hubiera imaginado que Estados Unidos cometiera este tipo de represalias contra autoridades políticas electas que se preocupan por acatar la ley al exigir el cobro que todo mundo debe pagar, como lo son precisamente el impuesto predial y los pagos de derechos por los certificados de impacto ecológico y las sanciones respectivas para quienes incumplen estas obligaciones oportunamente, en realidad nada que no ocurra en Estados Unidos de América ¿O el Departamento de Estado les “congelaría” el pasaporte nacional a los ediles norteamericanos que cobran impuestos a Sempra Energy en San Diego por sus propiedades?
El caso es que estamos ante la prueba idónea de que no debemos abrir el sector energético a la inversión extranjera, si por lo que hizo el alcalde de Ensenada Estados Unidos impone una represalia al congelarle la Visa al alcalde ensenadense en clara sanción personal y directa del gobierno norteamericano, ¿que sucedería si México permitiera la inversión norteamericana en Petróleo y un mal día, Exxon o Texaco, se opusieran a los actos soberanos del gobierno de México? Pues no solo le quietarían la visa al presidente de nuestro país, sino que seguramente nos invadirían.
El caso Sempra demuestra que Estados Unidos no es un socio respetuoso, ni digno en materia de la inversión petrolera que necesitamos (necesitabamos), por lo que debemos agradecer al Cónsul de Estados Unidos en Tijuana, la oportunidad para desenmascarar a Estados Unidos y revelar sus afanes intervencionistas en México. Por lo que respecta al gobierno de Felipe Calderón no resta sino esperar la conducta sumisa y de lacayo que le es propia, y por lo que a nosotros respecta esperemos que Estados Unidos no envíe un portaviones a Ensenada para defender sus intereses en la Costa Azul de Ensenada, ahora territorio extranjero o reconozca a Erika Elorduy como verdadera presidente de México.

Por Antonio Limón López.

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