El pasado 13 de julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un gran paso en vías de la protección de los derechos humanos en contra de los atropellos cometidos por las fuerzas armadas que, como se ha documentado previamente, incurren en diversas violaciones al encontrarse en operaciones sin que -hasta ahora- se pudiera hacer nada por parte de las autoridades civiles, ya que el fuero militar les proporcionaba un magnífico escudo de protección a favor de la impunidad y la injusticia.
Gracias a la restricción del fuero militar en el caso específico de la violación a los derechos humanos, el artículo 57 del Código de Justicia Militar establece los delitos contra la disciplina castrense y por esa razón, no garantiza a los civiles o a sus familiares la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez de un tribunal “ordinario”, si son víctimas de violación a sus derechos humanos. Gracias a la restricción del fuero militar en este caso específico, siempre que esté vinculado un civil al cual se le han violado, al menos en apariencia, sus derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, la jurisdicción será del fuero común, y no la jurisdicción militar.
Pero no solamente se logró con esta resolución la limitación del fuero militar, sino que se le han otorgado facultades a todos los tribunales del país para que puedan analizar e interpretar –en casos concretos- las leyes que aplican para que sus sentencias se encuentren apegadas a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México es signante, rompiendo así con 70 años de historia en los que la SCJN era el único órgano que podía analizar la legalidad de un ley y la aplicación de la misma.
¿Pero cuáles han sido las reacciones de los miembros de las fuerzas armadas?
El día de ayer en La Jornada, se publicó una entrevista sumamente interesante, en la cual el general de división Luis Garfias Magaña, especialista en seguridad nacional y ex diputado federal, menciona que en los poderes Legislativo y Judicial “hace falta conocimiento de lo que son las fuerzas armadas, pues no existen garantías para soldados o marinos en el combate a la delincuencia organizada, y la posibilidad de que sean juzgados en tribunales civiles ha traído desmoralización en las tropas.”
“Es verdad que se han cometido errores y excesos, pero en la mayoría de las acciones se han obtenido resultados positivos y se ha actuado con apego a la ley y respeto a los derechos de los ciudadanos. Los abusos y excesos se castigan en la milicia. No es verdad que en los tribunales castrenses la ley sea más blandita, por el contrario.”
El problema no es que la ley sea más blandita o no, sino que la ciudadanía civil, esa que no tiene fuero militar que la proteja, es la que se veía en completa indefensión contra actos de militares que, sabiéndose protegidos por leyes y tribunales especiales, cometían atropellos monstruosos como la desaparición forzada, la tortura, la violación de niñas y mujeres, el maltrato particular que sufren las comunidades indígenas, etc., sin que hubiera posibilidad alguna de que esas víctimas tuvieran justicia, sin que fueran escuchadas.
Es evidente que el retiro de los militares de las calles es urgente y necesario. La situación por la que atraviesa la ciudadanía es insostenible, el abuso en contra de las personas, sin distinción de género o de edad, la flagrante violación contra los derechos humanos y la vergonzosa violación a la Constitución pone en evidencia que el combate a la violencia por medio de la violencia, no genera nada más que desolación, derramamiento de sangre y miedo en la mayoría de la población.
No es que el Congreso o la SCJN desconozcan del fuero militar y las leyes militares, lo que ha sucedido es que finalmente se ha abierto la puerta a que los tratados internacionales que protegen los derechos humanos puedan ser aplicables en el país. Los derechos de un miembro de las fuerzas armadas no pueden ni deben estar nunca por encima de los derechos de un civil.
El gobierno federal justificó la estrategia de llevar a las fuerzas armadas a las calles como una medida temporal mientras las instituciones policiacas mejoraban, se limpiaban, se depuraban y se preparaban para cumplir con su trabajo. Casi cinco años después, esas instituciones siguen siendo corruptas, ineficientes y no hay indicios de que las mejoras lleguen pronto.
La medida temporal ha agravado la situación de violencia e inseguridad en el país y ahora, contra este avance de la Suprema Corte, se pretende aprobar una Ley de Seguridad Nacional que permita legalizar las acciones que hoy se violentan la Constitución al ampliar las funciones militares para que no solamente puedan ejercerse cuando se trate de casos que tengan una exacta conexión con la disciplina militar como lo marca el artículo 129, sino en todo momento, legitimando la presencia del ejército en las calles.
Que este paso ganado, no nos distraiga de lo que puede suceder con la Ley de Seguridad Nacional y su reforma. México ha logrado, de una forma casi milagrosa, sobrevivir con el ejército en las calles, ¿cuántos años más podría soportar el país tanta sangre?
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