domingo, 3 de julio de 2011

Más quejas contra marinos por los secuestros de civiles-- Familiares de los desaparecidos narran lo ocurrido en Nuevo Laredo



Los operativos de la Armada, entre el 1º y 23 de junio pasado

José Díaz Camarillo, desaparecido desde el pasado 2 de junioFoto La Jornada
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 3 de julio de 2011, p. 2
Deme un cambio de ropa para su esposo, le dijo el marino a María de los Ángeles Díaz de León Alvarado mientras otros miembros de la Armada de México sacaban a su marido Martín Rico García de la cama el pasado 5 de junio. Nerviosa, aterrada por el operativo que invadía su casa a las seis de la mañana, alcanzó a juntar algunas prendas de vestir y se las dio. Lo arrastraban entre varios, y el hijo preguntó llorando: ¿A dónde se lo llevan? ¿Dónde lo vamos a ir a buscar? Una mujer con el mismo uniforme de la institución le contestó antes de subirse al vehículo oficial: No llores, tu papá va a estar bien. Y desde entonces desapareció.

Del 1º al 23 de junio, marinos secuestraron a 15 hombres residentes de Nuevo Laredo bajo el mismo método: sin orden de cateo entraron a las casas, sin orden de aprehensión se los llevaron. Ha pasado un mes de aquellos hechos documentados con videos y fotografías por los familiares de las víctimas y no hay rastro de ellos.

La Semar niega los hechos, pero los testimonios y las pruebas demuestran los delitos cometidos por integrantes de la institución supuestamente mejor valorada de México. Sin embargo, en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde centran sus operaciones, aumentan las quejas contra la Armada por violaciones a derechos humanos: tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones.

Sin piedad

Tenga 400 pesos para que arregle la chapa de la puerta y para el susto, le dijo un marino a Oralia Guadalupe Villaseñor Vázquez antes de irse. Había llegado a la una de la madrugada el 5 de junio, destrozando la cerradura de la puerta para entrar a la casa de José Fortino Martínez Martínez, junto a un gran operativo de la Armada de México: “El ruido nos despertó. De repente ocho hombres vestidos con uniformes de la Marina estaban en la casa. Le ordenan a mi esposo que salga. Él les dice que le permitan ponerse un short. Ellos le piden la credencial de elector. Y lo sacan. Desde entonces no sabemos nada de él”.

Oralia Guadalupe y José Fortino, ambos de 33 años, trabajan desde hace seis años en una cooperativa de una escuela primaria. Tienen cuatro hijos de 15, 11, siete y dos años. Aquella madrugada del 5 de junio hubo confusión: “Cuando todos salieron de la casa dejaron que mi esposo volviera a entrar y él les dijo: ‘Señores: ¿ya terminaron, ya puedo cerrar la puerta?’ Uno le contestó: ‘Sí, ya ciérrala’. Mi esposo intentó cerrar pero la chapa no servía. En eso se acerca un marino y le dice: ‘Mejor ven con nosotros. Te vamos a tomar unas huellas’. Y se lo llevaron”.

Acostumbrada a enfrentar las adversidades, Oralia Guadalupe no se quedó en casa esperando que volviera su marido. Subió a sus hijos al coche y fue siguiendo el convoy de 14 camionetas, en el cual integrantes de la Marina lo llevaban sin orden de detención: “Los seguí. Estuvieron en varios domicilios. Yo aprovechaba y me bajaba. Le preguntaba a cualquiera de ellos: Señor, deme razón de mi esposo. ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué delito cometió? Me decían: ‘No le podemos decir nada, no podemos dar información. Y no nos siga porque podemos dispararle’”.

La amenaza no hizo efecto en Oralia Guadalupe, que decidió continuar detrás de ellos hasta que llegaron al hotel Santa Mónica. Allí los marinos bajaron a los secuestrados y los metieron en las habitaciones: “Me quedé afuera con mis hijos en espera de alguna noticia. Mi hijo de siete años empezó a gritar: ‘Mami, mami, allí está mi papá en la habitación 123, se asomó por la ventana, trae la playera rayada’”.

Al verlo, pudo comprobar que era su esposo. Suplicando, llorando, les pedía que le permitieran verlo, pero dos mujeres de la Marina la apartaron junto a otras personas que se encontraban en su misma situación y se fueron: Estamos desesperados esperando una llamada. Cualquier ruidito en casa pienso que es él. Quiero pedirle a la Marina que si él cometió un delito, que nos diga para que sea juzgado, pero si es inocente, que lo liberen. Ya no sé qué hacer, no sé qué decirles a mis hijos... Es puro llorar. Sólo les digo: imagínense que su papá anda de viaje y pronto volverá.

Inconsolable, Oralia Guadalupe se limpia las lágrimas constantemente. Tiene miedo de las represalias, al igual que todas las madres, esposas y hermanas que están buscando a los desaparecidos por esa dependencia, pero está decidida a seguir: Me desilusiona la Marina. Yo vi cuando ellos lo sacaron. ¿Por qué ahora dicen que no fueron ellos?, ¿por qué mienten? Le pido a Dios que toque los corazones de los marinos y que lo liberen; nos hace falta; no sé si lo están maltratando. Yo le pido a Dios que le dé fuerzas para que aguante porque yo lo quiero con vida, no quiero que me lo vayan a matar.

En la piel

El hijo de María Cruz Camarillo Pérez tiene todo el cuerpo tatuado, incluso la cabeza. Siempre le gustó grabarse la piel y finalmente puso una tienda en Nuevo Laredo. Vivió desde pequeño en Fort Worth, Texas, con su madre y sus hermanos, pero decidió volver a México hace tres años. El 2 de junio a las 11 de la noche José Cruz Díaz Camarillo, de 32 años, se encontraba trabajando en su taller cuando un grupo de marinos con uniforme y vehículos oficiales arribó al lugar: Era la hora de cerrar. Llegaron preguntando por otra persona que no estaba allí. Los cuatro empleados de mi hijo me cuentan que lo golpearon mucho. Y que al final se lo llevaron con un cliente jovencito que estaba allí de casualidad. Creen que porque tienen tatuajes son delincuentes, pero no es así. A mí tampoco me gustan, pero a él sí.

Antes de irse los marinos se dieron cuenta de que había una cámara de video dentro del local, la destruyeron y se llevaron el aparato. El 4 junio, María Cruz, de 58 años, llegó a México desde Fort Worth para buscar a su hijo: Cada vez nos sentimos más desesperados. Me siento muerta en vida. No sé qué hacer para encontrarlo. He sufrido tanto por este hijo, sin saber dónde está. Ando solita luchando, pensando qué tan golpeado lo tengan. Me estoy imaginando lo peor.

María Cruz tiene cinco hijos y 17 nietos. Nunca imaginó tocar tantas puertas en busca de un hijo desaparecido. Fue a oficinas de la Procuraduría General de la República, al cuartel militar, a la Procuraduría de Tamaulipas y a los hospitales. Nadie la ayudó argumentando temor a la Marina. Finalmente fue el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dirigido por Raymundo Ramos, el que le dio apoyo necesario para iniciar la búsqueda a través de vías legales.

No queremos perder las esperanzas, dice llorando y recordando que la última vez que lo vio fue el 10 de mayo. Ya van dos veces que lo sueño. Siento que mi hijo está bien. Él es muy bueno y muy amiguero. Crucito me ha dado muchos nietos. Tiene cinco hijos y uno en camino. Tenemos mucha esperanza en Dios. Somos muchos con hijos desaparecidos. Y hay que luchar para encontrarlos. No creo que pueda sobrevivir sin saber de él. No importa que lo tengan enterrado, pero que me digan. Lo que sea, que ya me lo enseñen; que esté vivo, pero si no es así, pues ni modo, pero que ya nos den razón para poder estar tranquilos... Este dolor es muy fuerte. Cuando se mueren se sufre pero sabemos dónde están, sin embargo, así, es una incertidumbre, es algo mucho más duro.

La ley no mata

La mamá de Diego Omar Guillén Martín, de 22 años, trabajador en un puesto de tacos, aún no entiende por qué la Marina, que se supone representa a la ley, actuó así el 4 de junio: “Entraron a la casa a las cuatro de la mañana violando la puerta. Eran ocho marinos. Llegaron a mi recámara, donde estaba dormida con mi esposo y un nieto de cuatro años. Estaban apuntando con sus armas, azuzándonos. Les dije: ¿Qué pasa? Tengan cuidado, aquí hay un niño. Y uno me contestó: ‘Señora, no se asuste, necesitamos que su esposo salga. Y usted no se mueva de aquí’”, dice María Isabel Martínez Alarcón, de 48 años, residente de la colonia Mirador, donde se acusa a la Marina de haber secuestrado a otras personas.

En la otra recámara estaban su nuera y Diego Omar. Les preguntaron si tenían armas o droga. Al registrar no encontraron nada: “Empezaron a maltratar a mi hijo, lo llevaron a mi recámara. Fue la última vez que lo vi parado en la puerta. Me dijo: ‘Mamá, ¿qué pasa? ¿qué quieren estos hombres?’ Lo sacaron descalzo con su bermuda de dormir. Le voltearon su playera tapándole la cara. A mi esposo le ordenaron que se metiera. Por la ventana vi que lo llevaban agarrado corriendo y lo treparon a una troca de la Marina. Mi nuera les gritó: ‘¿A dónde lo llevan?’. Uno le contestó: ‘No se preocupe señora, usted después lo reclama’. Desde entonces no lo hemos vuelto a ver”.

Sin saber a quién dirigirse, María Isabel llamó al Ministerio Público, pero el agente que le contestó le sugirió hablar al cuartel y un militar le explicó que no tenían nada que ver con la Marina, pero le comentó: hemos oído que están guardando personas en el aeropuerto. Fuimos al aeropuerto, allí nos mandaron a una guarnición. Levantamos un amparo, un acta en derechos humanos y nada. La Marina dice que no, pero nosotros los vimos, no nos lo platicaron. Fueron ellos. Hay fotos y videos que lo demuestran. No levantamos falsos. Es verdad lo que estamos diciendo. Estamos desesperados. Queremos que lo entreguen, se supone que se lo llevaron representantes de la ley, aunque no están actuando de acuerdo con la ley, pero tengo esperanza. Se supone que la ley no mata.