El país se divide entre quienes sospechamos de la limpieza de las elecciones y quienes le quitan importancia a las irregularidades. Me concentro en la compra y coacción del voto.
Los partidos políticos, los árbitros electorales y un buen número de analistas la han ignorado, minimizado o negado. Las revelaciones sobre el escandaloso mercadeo han provocado reacomodos en la postura del Partido Acción Nacional, José Woldenberg y Leonardo Valdés, presidente del Instituto Federal Electoral.
A las 8 pm del 1o. de julio diversos medios de comunicación dieron los resultados de las encuestas de salida. Mientras rebotaban los números por el ciberespacio, Josefina Vázquez Mota salió a reconocer su derrota, a refrendar su fe en las instituciones y a relatar emotivas anécdotas de una campaña en la cual tocó "manos" y "almas". Ninguna palabra musitó sobre el mercadeo de votos.
A medida que pasaban los días el panismo modificaba el discurso. Josefina, el dirigente Gustavo Madero y el presidente Felipe Calderón empezaron a disparar condenas a la práctica de compra de votos, sumándose implícitamente a las tesis de quienes ya sospechábamos por diferentes motivos y posiciones de la calidad del proceso. El PAN se negó a unirse a la impugnación del Movimiento Progresista y al momento de terminar este texto no habían anunciado si ellos armarían una denuncia. En suma, el panismo reconoce que hay un problema grave pero sólo pide a las instituciones que lo aclaren.
José Woldenberg es reconocido como un personaje de la transición. Era presidente del IFE en 2000 y es un agudo estudioso de la realidad política nacional. Su negacionismo ha tenido como principal objetivo defender al IFE. El miércoles 4 de julio, durante una mesa redonda organizada por El Colegio de México, enumeró lo positivo del proceso y todo lo hecho por el IFE sin hacer mención de la compra y coacción. Posteriormente aceptó que existía pero la minimizó. Woldenberg está entre el PAN y el presidente del IFE, una de las instituciones encargadas de aclarar los entuertos.
El negacionista más empedernido es Leonardo Valdés. Días antes de la elección aseguró en entrevista que las denuncias de compra y coacción de votos son "folclóricas" y "míticas" y dijo que tendrían "efectos marginales". Para él todo se resuelve acudiendo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade (nota de Alonso Urrutia y Fabiola Martínez, La Jornada, 27 de junio de 2012). La recomendación desconcierta porque en este asunto la Fepade ha actuado con la energía de un elefante en estado de coma.
El negacionismo de Leonardo Valdés daña a la institución que preside. Su empecinamiento involucra a todo el IFE cuando ha habido consejeros, como Alfredo Figueroa, que han intentado meter el asunto en la agenda. Es una evasión absurda porque ni él ni nadie conocen la magnitud de las irregularidades.
Es un área ignota porque no ha interesado a los árbitros electorales. Después de una búsqueda en el IFE y la Fepade finalmente apareció un estudio reciente del IFE sobre el tema. En 2011 publicó uno de los escasos estudios hechos por el IFE, "Municipios estratégicos para promover la participación electoral y prevenir la compra y coacción del voto"; dedica ocho páginas a comentarios generales sobre la compra y coacción aclarando que no buscan "demostrar su existencia" o "medir con precisión estos fenómenos" sino diseñar métodos de educación cívica.
Lo absurdo de la situación es que México tiene los recursos humanos, las metodologías y la documentación para entender lo que pasa. Hay estudios académicos de calidad (Schaffer y Schedler, 2007, y Vilalta Perdomo, 2007), encuestas como las que ha levantado, desde 1994, Alianza Cívica o la documentación generada en demandas jurídicas por casos específicos.
Los partidos políticos son corresponsables porque sus denuncias generalmente son retóricas. Converso telefónicamente con el consejero Alfredo Figueroa, quien me dice que hasta antes del 26 de junio, el IFE no había recibido "ninguna queja significativa de partidos" sobre el tema de compra y coacción del voto. En esa fecha llegó la queja por el "Caso Monex", y el 29 de junio la relacionada con las tarjetas de Soriana.
Tengo desde 1991 comentando y observando la práctica de compra de votos y mi impresión es que este año tuvo dimensiones gigantescas nunca antes vistas. Sin embargo, esta opinión tiene un respaldo fáctico superior al que proporcionan los negacionistas.
La ilegalidad se combate entendiéndola. Con la evasión, la negación o la descalificación no acallarán las voces de quienes sospechamos de la calidad y los resultados. Mientras el IFE aclara los casos Monex y Soriana puede aprovecharse de su capacidad de hacer periciales para llevar a cabo un estudio a profundidad sobre todo el país. Mientras no entreguen las evidencias, guárdense las estridencias.
Colaboraron Maura Roldán Álvarez y Marcela León Vázquez.
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