En 1958, el Consejo Nacional del PAN, en protesta por el fraude electoral cometido por el gobierno y el llamado entonces partido oficial, en la elección presidencial que llevó a Adolfo López Mateos a Los Pinos, acordó retirar a todos los representantes del partido de los órganos electorales y determinó que los diputados federales reconocidos oficialmente, que eran cinco o seis, no aceptaran el triunfo y se abstuvieran de ir a la Cámara a protestar su cargo.
La medida fue extrema y significó, entre otras cosas, que el único partido de oposición de entonces no estaba dispuesto a convalidar el triunfo tramposo obtenido mediante las mil y una triquiñuelas acostumbradas entonces para simular democracia y legitimar a los funcionarios declarados ganadores de los comicios amañados.
No todos los diputados panistas con reconocimiento mayoritario cumplieron entonces el acuerdo de su partido; algunos, entre propietarios y suplentes, tuvieron la debilidad de poner su interés personal, la dieta y otras ventajas y honores por encima de la decisión de su partido y el interés nacional de elecciones limpias y confiables.
Cincuenta y cuatro años después, el PRI repite lo que hizo entonces y ha hecho por 70 años, esto es, presionar a través del corporativismo sindical y campesino, gastar sin límites, hoy a pesar de topes de campaña, coaccionar, comprar votos, aprovechar errores de ciudadanos, abusar de la publicidad; en una palabra: evitar que la voluntad de los votantes se exprese de manera libre e informada.
El agravante en la actual elección, comparada con las del siglo pasado, radica en que hoy la televisión no tuvo ningún empacho en presentar encuestas mentirosas e intencionalmente falseadas como parte de la publicidad de un candidato, el suyo. Recordemos el dicho popular de que el que miente roba.
En una palabra, estamos frente a un fenómeno político y social, que genéricamente se denomina fraude, pero que se integra por muchas violaciones a la ley, a la ética y al patriotismo; frente a él, un desplante como el de los panistas en 1958 nos debe hacer pensar la magnitud del atropello a la voluntad libre de los ciudadanos; exige una respuesta, pacífica pero enérgica, valiente, decidida y generalizada.
Los partidos de izquierda dieron el primer paso. Presentaron el jueves pasado, primero ante la opinión pública y luego ante las autoridades electorales, un recurso encaminado a declarar inválida la elección presidencial. Las pruebas que aportan son contundentes. Se han recibido de los mismos ciudadanos indignados que hicieron llegar actas notariales, videos, tarjetas de crédito e infinidad de testimonios que demuestran la inequidad del proceso electoral.
Hay, además, una percepción generalizada de que los gastos, en efecto, fueron excesivos, y la compra del voto, masiva; es lo que procesalmente se llamaba la prueba de fama pública, más lo que se conoce como hechos notorios, que las autoridades están obligadas a tomar en cuenta.
Los jueces electorales no pueden defraudar por segunda ocasión a la ciudadanía; hay una sensación compartida de indignación, desengaño, desconfianza que, sumada a la crisis económica y a la inseguridad, tienen al pueblo crispado y exigente de que se corrija lo mal hecho y dejen los poderosos de burlarse de la gente.
El tribunal tiene la palabra; es, según el artículo 99 de la ley fundamental, garante de la constitucionalidad de los procesos electorales, puesto que según el mismo precepto tiene facultad para resolver respecto de la validez general de la elección y esto necesariamente significa que puede también declarar la invalidez si, como en este caso, hay elementos determinantes para hacerlo.
El artículo 41 constitucional, por su parte, determina que las elecciones mediante las cuales se renuevan los poderes deben ser libres, auténticas y periódicas; sin duda, son periódicas, cada tres años nos convocan a las urnas. Lamentablemente también cada tres años nos encontramos constantes faltas de libertad y autenticidad.
El mismo precepto señala cuáles son las características del sufragio universal: voto libre, secreto y directo; con las innumerables formas de condicionar el voto mediante la entrega de dinero o de bienes, acreditadas con los testimonios de miles de personas, los votos no son ni secretos, porque el votante tiene que informar y a veces acreditar a quien le paga, cuál es el sentido de su voto, ni son libres, porque la libertad debe estar exenta de compromisos y bien informada.
Se encuentra en juego la dignidad ciudadana y la confianza en la democracia. El Movimiento Progresista sale al rescate con el fundado recurso de invalidez que presenta; la gente reclama indignada, se organiza y se moviliza; los partidos deben corresponder con actos congruentes y decididos. El ejemplo de los panistas de hace medio siglo es una posibilidad radical, pero pacífica; las cosas no están para menos, es grave la burla que se pretende consumar.
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