En los próximos días publicaremos un primer libro sobre las recientes elecciones presidenciales. Es un texto corto, destinado a los ciudadanos interesados en conocer las pruebas, argumentos y fundamentos de la impugnación que está promoviendo la coalición Movimiento Progresista y su candidato Andrés Manuel López Obrador. Su título: Juicio ciudadano contra la imposición;¿por qué se debe invalidar la elección presidencial del 1 de julio de 2012?
¿Por qué juicio ciudadano? Por dos razones: porque la ciudadanía ha sido el origen y la fuente principal de estas pruebas, y porque consideramos a la ciudadanía el octavo magistrado electoral de la Sala Superior en el actual proceso de calificación de la elección presidencial, o por lo menos el gran observador y auditor social del dictamen final, ya que su participación no se agota —ni se acota— al día de la elección.
Las reformas políticas de las últimas décadas han propuesto entre sus objetivos centrales garantizar la equidad en la competencia, pero siempre los actores han encontrado la forma de burlar y violar esas disposiciones. Por eso, en gran medida, nuestra democracia es inacabada e imperfecta, porque en cada contienda surgen nuevas formas y expresiones de inequidad o de tomar ventaja indebida o tramposa frente a los adversarios. Nuestras elecciones se asemejan a Penélope: en una noche se desteje lo que llevó varios días al Congreso y a la sociedad tejer con paciencia y dedicación.
La pasada elección presidencial estuvo muy alejada de la equidad democrática, que es la base de una elecciones “libres y auténticas” como lo ordena la Constitución. El dinero a raudales, de procedencia desconocida y al margen de toda fiscalización, se convirtió en esta ocasión en la partícula del fraude electoral y del atropello constitucional.
Estimamos en 4 mil 600 millones de pesos el gasto electoral del candidato del PRI, cuando el límite legal establecido fue de 336 millones de pesos. Es decir, 14 veces más de lo permitido.
El dinero ilegal e ilícito en una campaña es inocultable. Suda, huele y deja rastro. El derroche es su principal expresión. La utilización de una flotilla área imperial compuesta por aviones y helicópteros privados al servicio del candidato del PRI; la utilización masiva de espectaculares, vallas y anuncios publicitarios; la distribución de millones de utilitarios de diversa índole, desde las clásicas camisetas y gorras hasta la entrega de aparatos electrodomésticos, pasando por millones de tarjetas telefónicas prepagadas y entrega de animales de crianza en las zonas rurales; y de manera insólita, algo nunca antes visto en casi dos siglos de elecciones en el país: la utilización masiva de monederos electrónicos de un grupo financiero y de una tienda de autoservicios, dejando huellas digitalizadas por doquier, lo que revela una de dos condiciones de quienes orquestaron esa operación: exceso de ingenuidad o exceso de impunidad.
Hay quienes consideran que el conjunto de violaciones acreditadas en la demanda no ameritan la invalidez de la elección. Que a lo sumo, una multa económica resarciría el agravio constitucional. No hay conciencia ni memoria de lo que se afirma con ello. Se olvida el agravante de la reincidencia: Pemexgate, elecciones locales mexiquenses en 2011 y ahora el Monexgate. En este sentido, fijar una multa por rebase de topes de campaña, lejos de evitar que este abuso se vuelva a repetir, equivale a poner precio a la silla presidencial en 2018.
Ahora bien, que el PRI sea un infractor reincidente en la utilización de dinero ilegal en sus campañas puede no extrañar a muchos. Finalmente se dirá que forma parte de su genética política. Lo verdaderamente inaceptable es que las autoridades electorales estén dejando pasar esta flagrante violación a la Constitución, a la legislación electoral y al sentido común. Sería abonar a la degradación y descomposición del país, porque en la genética institucional del IFE y del TEPJF está combatir la impunidad, no alentarla, premiarla ni, mucho menos, legitimarla.
“En política, lo que se compra con dinero es barato” (Carlos Hank dixit). Esta es la esencia de una elección pervertida y la célula madre de la corrupción que agobia al país en todos los demás órdenes. Es también la visión de un grupo político que empezó repartiendo despensas de la Conasupo a los más pobres en el siglo pasado y ahora lo sigue haciendo, pero con monederos electrónicos.
Esta es la naturaleza de una elección pervertida que no debe existir más en el país, si realmente aspiramos a elecciones “libres y auténticas” y a que nuestra democracia sea, como la define la Constitución, “no solamente una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
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