7 de julio: abstencionismo y delincuencia electoral organizada
Las elecciones del pasado 7 de julio están muy lejos de ser un ejercicio democrático, mucho menos, una manifestación de la libre voluntad de los ciudadanos. La utilización facciosa y clientelar de los programas sociales, la compra y coacción del voto, la intervención descarada de los gobernadores priístas y la manipulación de muchos medios de comunicación, siguen imperando en los comicios.
Si quedaron en la impunidad los delitos electorales y la triangulación financiera ilegal que utilizó el PRI para hacerse de la presidencia de la república, como fue el caso de MONEX, con mayor facilidad se replican en las elecciones locales los excesos y las tropelías. El mal ejemplo cunde y pretende presentarse como "normalidad democrática".
Sin embargo, esas prácticas recurrentes de las que gobernadores como Miguel Alonso de Zacatecas, Jorge Herrera Caldera de Durango y Rubén Moreira de Coahuila, entre otros sátrapas, hacen uso para garantizarse congresos y ayuntamientos a modo, no fueron lo único, hubo un elemento adicional realmente grave, no solamente para nuestra democracia, sino para la misma convivencia social: la violencia.
Estos comicios, en catorce estados, y una elección extraordinaria en un distrito local de Sonora, en Ciudad Obregón, estuvieron marcados por la violencia desde los gobiernos locales y el crimen organizado, donde la frontera entre ambos es muy tenue o inexistente en varios casos.
En estados como Oaxaca, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Veracruz, entre otros, la violencia política llegó incluso al asesinato, como fue el caso de nuestro candidato de Movimiento Ciudadano en San Dimas, Durango, Ricardo Reyes Zamudio, de quien su hija Alma Patricia, retomó la estafeta y ganó la Presidencia Municipal, en medio de los infundios del gobierno de estado hacia nuestro victimado abanderado.
En Fresnillo, Zacatecas, la policía estatal auxiliada por el ejército tomó por asalto el ayuntamiento y las calles de este municipio para facilitar a los grupos de la delincuencia electoral organizada operar a sus anchas para alterar el resultado de los comicios a favor del PRI y en contra del monrealismo.
En Torreón, el Director de la Policía Municipal operó el "levantón" de un candidato a Regidor de Movimiento Ciudadano con objeto de intimidarlo para que dejara de hacer proselitismo político en el área rural.
Los triunfos y el crecimiento de las oposiciones, como fue el caso de Movimiento Ciudadano, son verdaderas proezas cívicas que se logran en un entorno complejo e inequitativo. Se gana o se crece electoralmente a pesar de las adversidades generadas por la parcialidad de los órganos electorales locales al servicio de los Ejecutivos. De ahí la imperiosa necesidad de construir el Instituto Nacional Electoral.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), por su parte, es un elefante blanco que lejos de perseguir los ilícitos electorales, diluye la responsabilidad de los servidores públicos y los protege, como es el caso de la denuncia que presentamos un grupo de legisladores en contra del Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y que ha sido bloqueada en esa instancia de la Procuraduría General de la República.
Frente a ese contexto de impunidad, de miedo inducido a través de estrategias de inhibición del voto, el abstencionismo sigue creciendo en detrimento de la participación ciudadana y la legitimidad de las autoridades surgidas de los comicios.
Los comicios del domingo 7 de julio en casi la mitad del país son un foco rojo que se debe atender con responsabilidad y altura de miras, de otra manera la espiral de violencia, impunidad y abstencionismo, sepultará nuestra lastimada democracia y consolidará la restauración autoritaria ya en marcha.
Twitter: @RicardoMeb
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