¿Somos sirvientes del gobierno? Ley reglamentaria del artículo 39 constitucional.

July 15, 2013

Corren tiempos malditos, las cosas están a la inversa, los valores se miden y se compran, por eso son valores; la dignidad, la justicia, la honradez son palabras obsoletas, altisonantes que se utilizan y nada más, acorde a esto los pueblos temen a los gobiernos que hábilmente han sabido hacerlos dependientes con políticas criminales que permiten que los grandes capitales se hagan mayores mientras los más pobres no tienen derecho ni a morir dignamente, a cambio de eso el gobierno ya no teme al pueblo, tiene muchos medios para controlarlo, la inseguridad, el hambre, el desempleo, los programas clientelares, y para manipular las mentes televisión 24 horas 7 días a la semana.

Cuando el pueblo teme al gobierno, hay tiranía. Cuando el gobierno teme al pueblo, hay libertad”.  Thomas Jefferson.

Aun así, con todo en contra y tal vez por eso algunos mexicanos conservamos la esperanza. Personalmente no necesito mártires ni tampoco espero que los traidores mueran ahogados en su sangre e ignominia, prefiero que vivan y paguen con cárcel el daño que han hecho,

por eso apelo al artículo 39 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que dice:

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Aunque hay quien opone a la facultad del pueblo lo que dicen los artículos 40 y 41

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La realidad es que no se oponen ni contraponen, la integración de la república no está a discusión, y ejercer la soberanía por medio de los poderes de la unión tampoco. La supuesta contradicción está en la mala intención de los que no quieren saber de cambios.

Lo que si esta a discusión es la pertinencia de las instituciones creadas por los poderes, las leyes a modo para que no se pueda cuestionar al “supremo gobierno”, lo que está a discusión es la partidocracia, de donde salen los hilos que mueven a los títeres que vemos, está a discusión si es válido que un funcionario electo diga como Emilio González “La gente votó por mí, la gente en su mayoría votó por que yo haga realidad a lo que me comprometí en campaña y me vale madre si a algunos periódicos no les gusta…”, está a discusión si el votar por una persona le otorga poderes especiales, si lo hace superior a cualquiera otro mexicano, actitudes como las de Felipe Calderón al negarse a responder si tenía o no problemas de alcoholismo o la de Luz María Beristaín al decir que una empleada estaba “poniéndose al tú por tú con una autoridad”, eso es lo que se debe reglamentar, que se acaben los abusos, que las denuncias de los ciudadanos a los funcionarios les otorguen fuero y protección a los ciudadanos hasta que se haga justicia.

Con base en lo anterior y en la entrada “Sueños Guajiros o propuesta para evaluación semestral a diputados y senadores” podemos establecer como antecedentes:

1. Los funcionarios electos deben representar a personas físicas no a grupos de poder;
2. Los funcionarios deben ser considerados trabajadores al servicio de la sociedad;
3. La constitución no dice que los cargos de elección sean irrenunciables, dice que son obligatorios  pero se puede renunciar por causa grave.

Hasta el día de hoy, los funcionarios electos, los diputados y senadores plurinominales y los funcionarios designados para ocupar cargos de secretarios de estado o asesores no responden ante nadie por sus actos, durante su gestión porque el fuero los protege y lo utilizan como escudo de impunidad y los que no juegan al chapulín saltando a otro cargo con fuero huyen inmediatamente fuera del cortísimo alcance de la justicia (en esos casos). Y no se trata de que salten a restregarme en la cara las leyes que no se cumplen o que se retuercen para “cumplir” como la declaración patrimonial de Peña, leyes anticorrupción que no se aplican son parte de la corrupción pues permiten decir “estamos trabajando para limpiar el gobierno ________”.

Ante estas condiciones es obvio que la “clase gobernante” (Gómez Mont, 16 de junio de 2010 http://shar.es/AILfG) crea que es una clase aparte que merece distinciones, protección y homenajes a cambio de otorgar a unos cuantos la investidura para protegerlos.

El estado de derecho debe ser tal que exija que los gobernantes sean personas que representen a personas físicas, con nombre y apellido, que haya sido nacido de una mujer y no personas morales o grupos de poder, corporaciones o empresas que solo atienden a sus propios intereses; debe exigir que haya consultas constantes a la gente para que se tomen las decisiones pertinentes con verdadero sentido social.

Por eso con base en el artículo 39 de la constitución se propone que se elabore la ley reglamentaria incluyendo las figuras de referéndum, plebiscito, evaluación semestral a funcionarios electos y revocación de mandato.

Las dos bases fundamentales para la regulación de esta ley deben ser, primero, encontrar un medio para que los funcionarios se hagan responsables de sus actos, el costo político será otra cosa; y segundo, devolver al pueblo el poder, su voz y voto en las decisiones del país porque, reconozcamos que las frases bonitas del IFE no significan nada, en este momento no somos parte de las decisiones del país, y desgraciadamente tampoco ejercemos nuestra soberanía por medio de los poderes de la unión (art. 41 CPEUM), a través del poder ejecutivo, legislativo y judicial solo se ejerce el poder de la oligarquía.

Por lo tanto atendiendo a esos dos principios tenemos las bases, es mi intención continuar sobre este punto y también me gustaría contar con la ayuda de todos los interesados en este tema para hacer la propuesta como iniciativa ciudadana, para lo que necesitamos 107,000 firmas de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Sección II, de la iniciativa y formación de las leyes.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. Al Presidente de la República;

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

III. A las Legislaturas de los Estados; y

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

Si hay algún diputado y/o senador interesado bienvenido, y todos los que puedan aportar para la redacción de la iniciativa.

Esta iniciativa tiene como origen la necesidad impostergable de que el pueblo llano, el que no tiene guaruras y autos blindados, el que no tiene para comer y mucho menos para consumir drogas, el que no sabe nada, ahora sepa, ahora pueda tomar decisiones que beneficien su propia vida y no la de unos cuantos políticos corruptos que en cada campaña prometen “ataque frontal a la corrupción”.

Corren tiempos malditos ¿todavía podemos hacer algo?

Sergio Moro Méndez